Ayuntamientos de España

Ayuntamientos Por Provincias

El ayuntamiento (llamado también actualmente consistorio, común, consejo, paeria, alcaldía o alcaldía y antiguamente universidad) es la institución local que tiene por función el gobierno y la administración de los intereses del vecindario de un municipio. Actualmente tiene carácter electivo. El edificio que es la sede de este gobierno a menudo también se denomina como casa del pueblo, casa de la villa, casa de la ciudad o paeria.

Durante la época medieval y moderna, en varias poblaciones de los Países Catalanes la corporación local se llamaba común, universidad, paeria o alcaldía. Es por este motivo que aún hoy en día algunas de estas designaciones continúan empleándose.

Organización de un ayuntamiento

El principales órganos de un ayuntamiento son:

El Pleno del ayuntamiento formado por un número determinado de regidores según la población del municipio. Los concejales son elegidos en unas elecciones por los vecinos mayores de edad del municipio por un periodo de 4 años. El Pleno es el máximo órgano de poder del ayuntamiento.

El alcalde o alcalde municipal que es quien preside el ayuntamiento y es la máxima dirección política, representativa y director de personal. Es elegido por los concejales del Pleno de entre sus miembros. Según el ordenamiento jurídico español, el alcalde debe ser un concejal. Todos los ayuntamientos debe tener, como mínimo, un teniente de alcalde, que asistirá al alcalde y los sustituirá en caso de ausencia, enfermedad, dimisión o fallecimiento. El teniente de alcalde es designado libremente por el alcalde de entre los concejales del Pleno.

Los ayuntamientos de más de 5000 habitantes deben tener una 'Junta de Gobierno' y los de menos también pueden constituirla si así lo acuerda el 'pleno'.

La Junta de Gobierno está formada por el alcalde y los tenientes de alcalde y sus funciones son las que les delega el Pleno y el alcalde. El número máximo de miembros de la Junta de Gobierno es un tercio de los concejales. Los demás concejales con delegaciones de gobierno que no son miembros de la Junta pueden ser invitados por el alcalde pero asisten con voz pero sin voto.

Historia

Origen del ayuntamiento castellano en época medieval y moderna

La institución del ayuntamiento actual que está presente en nuestro país tiene sus orígenes en el reino de Castilla hacia el siglo XIII. En aquella época en que las comunidades locales eran en general muy pequeñas los alcaldes, o en algunos lugares llamados justicias, eran escogidos por la asamblea abierta de los vecinos, que recibía más o menos en todas partes el nombre de concejo (Tr. " consejo "). La realidad jurídica del mundo local de aquella época era extremadamente compleja ya que las atribuciones de los alcaldes eran diferentes de un lugar a otro, y de hecho en cada municipio podían tener un número variado con funciones diversas. Estas se resumían a funciones políticas, administrativas y judiciales; e incluso en algunos casos eran los responsables militares que debían defender el municipio. Era habitual que los concejos redactaran normativas que regulasen el gobierno de estas autoridades. Así pues aquellos primeros ayuntamientos tenían entidad jurídica propia y podían poseer propiedades y títulos.

Hay que diferenciar que en muchos municipios junto a los alcaldes o justicias escogidos más o menos por la población había también el merino, un delegado del rey que administraba su patrimonio en el territorio y velaba por los intereses de la monarquía.

El carácter casi democrático de aquellos consejos de vecinos fue desapareciendo progresivamente ya que la aparición de consejos cerrados más reducidos fue sustituyéndolos. Las asambleas primigenias sólo subsistieron en los pueblos más alejados, pequeños y rurales, mientras que los núcleos más urbanos los caballeros y la burguesía ennoblecida en general se adueñaron de los cargos municipales. En el siglo XIV los viejos consejos fueron sustituidos ya por ayuntamientos, y fueron utilizados por monarcas como Alfonso XI de Castilla para favorecer su política de centralización, que incluso llegó a imponer sus concejalas. En el siglo XV la tendencia se incrementó: A partir del 1435, por orden de Juan II de Castilla, los debates debían ser presididos y moderados por el alcalde de lo criminal (o en su ausencia el alcalde de lo civil) todo y que las decisiones se debían tomar teniendo en cuenta todos los votos de los que componían el ayuntamiento. Además la institución local quedaba supeditada al mando

de una nueva autoridad política y judicial que se cobraría importancia a lo largo de la historia como delegado de la monarquía en el territorio: el corregidor. Precisamente el año 1500 los reyes Católicos mandaron a corregidores de repasar las normativas locales de los ayuntamientos y hacer las modificaciones que fuera necesario para ir homogeneizando el sistema del régimen local. A lo largo de los siglos XVI y XVII cuanto más se consolidaba y centralizaba la monarquía más intervencionismo practicaban en la política de los ayuntamientos y sus normas.

Imposición del ayuntamiento castellano en el ordenamiento jurídico catalán durante el siglo XVIII

Cuando el conjunto de los Países Catalanes así como Aragón perdieron la Guerra de Sucesión a principios del siglo XVIII (1707 al Reino de Valencia, 1714 el Principado de Cataluña y 1715 el Reino de Mallorca) el nuevo rey Felipe V de España sustituyó todo el régimen local catalán por el castellano, más homogéneo y sobre todo que permitía la constante interferencia de la monarquía en los asuntos locales. El nuevo régimen que impondría a los vencidos es quedar recogido en Decreto de Nueva Planta.

Cada país fue dividido en una nueva estructura de jurisdicciones territoriales con competencias militares, judiciales y sobre el mundo local: los corregimientos (Tr. corregimientos). El modelo catalán de universidades (según cada región: consejos, Paeria, jurados, consulados, etc.) Fue suprimido por completo y los núcleos urbanos pasaron a ser ayuntamientos, al igual que en Castilla. La mayoría de ayuntamientos eran gobernados por un alcalde o alcalde (esta palabra sobrevivió ya que su significado catalán tradicional ya era el de una autoridad delegada por un superior) y un consejo de concejales, uno y los otros nombrados desde arriba por el corregidor. Caso aparte fueron unos pocos municipios que pasaron a ser gobernados por un tipo de alcalde algo más autónomo: el alcalde mayor, quien no obstante también era nombrado por el corregidor. Finalmente, con respecto a la capital de cada corregimiento era el mismo corregidor quien la gobernaba directamente.

Las funciones de los nuevos ayuntamientos eran mucho más limitadas que las de las instituciones propias que habían tenido hasta entonces, y de hecho consistían básicamente en ser los nuevos policías del territorio y en administrar los bienes y rentas del municipio, que a lo largo del siglo XVIII cada vez fueron más precarias.

Hay que tener en cuenta que durante el siglo XVIII el sistema impuesto por la Nueva Planta en los antiguos países de la Corona de Aragón no era exactamente igual al que regía en la propia Corona de Castilla ya que la oportunidad de la conquista fue aprovechada para hacerlo más severo.

Municipios de jurisdicción feudal

A pesar de la novedad uniformizadora, centralizadora y militarista de la Nueva Planta castellana, este nuevo ordenamiento jurídico no eliminó el Antiguo Régimen los nuevos países conquistados: en todo caso abolió el que los sistemas políticos de Valencia, Cataluña y Baleares tenían de catalán , pero no la sociedad estamental ni los valores tradicionales. Con el nuevo sistema el señor continuaba nombrando el alcalde de su municipio, pero tenía unas funciones más limitadas y debía ser ratificado por los delegados del poder real igualmente. El municipio también tenía más libertad para elegir a sus concejales, pero también debían ser ratificados. Estos privilegios durarían hasta la abolición de las jurisdicciones feudales decretada por las Cortes de Cádiz en 1813.

Los ayuntamientos evolucionan en el nuevo orden liberal

Un siglo después la ola de liberalismo que invadió Europa a principios del s. XIX, generada por la Revolución Francesa, trajo cambios en la organización del mundo local también en nuestro país. En 1812 las Cortes de Cádiz, liberales aun oponerse a los ejércitos napoleónicos, promulgaron la primera constitución española y los decretos de 23 de mayo y de 10 de julio, que fueron las primeras medidas legislativas que unificar los diversos regímenes locales de todo el estado español en uno solo transformando la diversidad de ayuntamientos en ayuntamientos constitucionales. Este nuevo régimen local ponía los ayuntamientos bajo el control directo de las nuevas instituciones liberales: las diputaciones provinciales y los gobiernos civiles, y además daba entidad propia a la figura del alcalde diferenciándolo de lo que era el resto del ayuntamiento: El alcalde era quien detentaba toda la facultad ejecutiva local, velaba por el orden público y aunque era elegido por la ciudadanía a la vez era un agente del gobierno en ese territorio. El ayuntamiento, en cambio, era una pequeña asamblea deliberativa que adoptaba conclusiones sobre sus competencias (obras públicas, sanidad, caridad, fomento de la economía ...) pero sin capacidad ejecutiva. [3] Las medidas prácticas para aplicar este nuevo sistema fueron las instrucciones dictadas en 1813 (cuando las victorias sobre Napoleón hacían prever la restauración borbónica) y la ley de 3 de febrero de 1823 (durante el Trienio Liberal), pero que fueron muy mitigadas por las reacciones absolutistas de Fernando VII en 1814 (cuando tiene lugar la llegada del nuevo rey) y en 1823 mismo (cuando la Santa Alianza decide intervenir en España haciendo caer Riego). [3] Posteriormente, ya fallecido Fernando VII, el decreto del 23 de julio de 1835 recuperó en parte del espíritu de la legislación derogada.

Con la ley del 8 de enero de 1845 los liberales moderados reformaron el sistema diseñado en Cádiz centralizando los ayuntamientos y limitando el hecho electivo: Los alcaldes volvieron a ser nombrados por el rey, o en su defecto el gobierno de turno. Es decir que se acentuó su carácter de agentes del gobierno español en el territorio como simples administradores del municipio. En cuanto a los concejales eran elegidos pero por sufragio censatario. Además en cualquier momento el gobernador civil de la provincia podía cesar cualquier cargo municipal. Veintiún años después reformaron el sistema con el real decreto de 21 de octubre de 1866 con el fin de abrirlo un poco, pero el estallido de la revolución de 1868, "La Gloriosa", se abandonó por completo todo el régimen local anterior.

Con la llegada del Sexenio Democrático se promulgó la ley del 20 de agosto de 1870, que dio nuevas atribuciones a los ayuntamientos todo descentralizando su funcionamiento y afianzando nuevo el hecho electivo de sus miembros. Por lo que después ocurriría en Cataluña (ya en el siglo XX) cabe destacar que por primera vez se permitió ya la posibilidad de desarrollar mancomunidades y asociaciones de municipios. La nueva ley sólo fue reformada el 16 de diciembre de 1876.

Pero con el fin del periodo democrático y la vuelta otra vez de la monarquía borbónica fue anulada y sustituida por la ley del 2 de octubre de 1877, que con sus diversos decretos y reglamentos terminó dando forma a un modelo que acabaría dominando buena parte de la época de la segunda restauración. Las competencias de los ayuntamientos fueron reducidas a cuestiones administrativas y económicas, se afianzó de nuevo el poder y control del gobierno español sobre ellos, y los dejaba en manos de los poderes oligárquicos locales que pasaron a ocupar los cargos municipales. La figura del alcalde volvía a hacerse omnipotente ya que detentaba todo el poder ejecutivo local e incluso podía suspender los acuerdos que tomara el plenario de concejales. En cuanto al gobernador civil la ley le daba la capacidad absoluta de controlar la labor de los ayuntamientos pudiendo suspender y multar alcaldes y concejales. En las villas de más de 6.000 habitantes era el rey quien debía nombrar al alcalde entre los concejales. Además a partir de 1898 en Barcelona el rey nombraba el que quería como alcalde con una real orden. [1] [3]

Siglo XX

No vendrían más cambios hasta que el dictador Miguel Primo de Rivera decretó el 8 de marzo de 1924 el Estatuto Municipal, el cual marcaría las nuevas normas definitorias de la administración local. Hay que decir, sin embargo, que estaba inspirado en el proyecto de legislación municipal que había querido impulsar Antonio Maura a principios del siglo XX. Con el dictador y este estatuto los consistorios pasaron a manos de su partido único: la Unión Patriótica.

Ya en la época de la segunda república en el caso de Cataluña se recuperaría un sistema municipal elegido por ella misma ya que consiguió las competencias sobre su régimen local, las cuales fueron transferidas en 1933. En 1934 el Parlamento de Cataluña promulgó finalmente la Ley Municipal.

Lógicamente el dictador Francisco Franco abolió esta ley junto con el resto de cotas de gobierno alcanzadas. De nuevo se volvió a la práctica del nombramiento de los alcaldes desde Madrid y su concepción como simples agentes del gobierno en el territorio. El nuevo sistema fue formalizado en la ley de bases en 1945, que en 1950 fue definitivamente articulada, pero fue en 1955 cuando tomó su forma definitiva. El 23 de mayo de 1960 el régimen dio al alcalde Porcioles de Barcelona una Carta Municipal propia que permitió a la ciudad un cierto grado de autonomía en su gestión. Finalmente con la muerte del dictador los ayuntamientos iniciaron un breve período de apertura y en 1979 tuvieron lugar las primeras elecciones municipales de la nueva etapa que se iniciaba.